Ramon Espasa i Oliver

Wednesday, February 15, 2006

Dumping social y sanitario


La “ley del tabaco” persigue tres grandes objetivos: reducir drásticamente la publicidad de productos y marcas del tabaco; reducir el número de puntos de venta; establecer el máximo número posible de espacios sin humo. No es pues como se ha repetido superficialmente, una ley intolerante y prohibicionista respecto de las conductas individuales. La ley protege a la mayoría de los no fumadores (aproximadamente el 70%) de verse obligados a respirar aire contaminado por el humo del tabaco. De ahí, las delimitaciones de áreas sin humo versus áreas con humo sea en lugares de trabajo, centros públicos, instituciones, lugares de ocio y restauración etc…Así pues, prohibición de conducta, ni una. La libre disposición al consumo de substancias nocivas queda absolutamente garantizada como decisión estrictamente personal. Mediante la reducción de la publicidad y los puntos de venta la norma persigue también desincentivar el inicio del hábito tabáquico entre los más jóvenes. Las multinacionales del tabaco saben que sólo amplían sus nichos de mercado induciendo, mediante publicidad, promoción, regalos y sobre todo bajos precios, el consumo de los más jóvenes, que serán además sus futuros clientes durante décadas.
Por ello, la reducción drástica del recurso a la publicidad producida por la ley, ha obligado a las tabaqueras a iniciar una feroz guerra de precios. Comenzó Phillips Morris To.,han seguido Altadis, Japan Tobaco, y a buen seguro, no tardarán en sumarse otras multinacionales a esta tormenta de precios. Ahora bien, esta respuesta es un grave atentado tanto a la salud pública como a la recaudación fiscal españolas. De hecho, produce un dumping fiscal, social y sanitario. Dumping fiscal porqué vendiendo mucho más las tabaqueras, Hacienda recauda proporcionalmente mucho menos. Dumping social porqué burla --vía precios- el objetivo de reducción del consumo de cigarrillos entre jóvenes y población en general. Dumping sanitario, en fin, pues el mayor consumo inducido implicará una mayor prevalencia y morbilidad por tabaquismo que deberá ser atendido por los servicios de salud. La U.E. impide, por supuesto, la fijación de precios mínimos de cualquier producto en el mercado y ello incluye naturalmente el tabaco. Pero la Directiva2002/10/C.E. permite en cambio, arbitrar el llamado impuesto mínimo sobre las marcas de tabaco con precio inferior al de la marca más vendida en cada Estado miembro. En el caso español esta marca es Fortuna. Pues bien, como demuestra brillantemente el Prof.A.Lopez Nicolas (U.P.F.), este impuesto mínimo, añadido al impuesto especial sobre el tabaco permitiría a la hacienda pública cubrir tres objetivos: recaudar más; obligar a las tabaqueras a subir precios de forma que no hubieran marcas con precios más baratos que la marca más vendida; ayudar desde el M. Economía y Hacienda a que los fines perseguidos por la ley de prevención del tabaquismo se cumplan. En este sentido es bueno recordar que en la U.E., once Estados del grupo de los quince tienen establecido este impuesto mínimo, que combinado con una fiscalidad mas decantada a la fracción específica que a la fracción “ad valorem” del impuesto especial sobre el tabaco, les permite no tener en su mercado marcas más baratas que la más vendida en cada país. España es uno de los países que menos grava el tabaco y debiera cambiar tanto el nivel como la estructura de su fiscalidad sobre el tabaco. Como proponen los expertos,se trataría de incrementar mucho más la fracción específica, manteniendo la fracción “ad valorem” e introducir este impuesto mínimo para configurar el montante total del impuesto sobre las labores del tabaco. Con ello tendríamos un impuesto moderno, homologado con los países mas avanzados de la U.E. y congruente con la ley recientemente aprobada. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, que agrupa treinta y nueve sociedades científicas, la ministra de Sanidad Elena Salgado, y otras muchas voces autorizadas vienen demandando, desde una perspectiva de defensa de la salud pública, este cambio en la fiscalidad del tabaco. Las escandalosas noticias de estos últimos días demuestran que algo debe hacerse para completar y asegurar los objetivos de la reciente legislación. Permanecer de brazos cruzados sería un ejercicio de tremenda hipocresía política y una pésima muestra de no coordinación gubernamental. Pero estoy seguro de que el Sr. Solbes sabrá estar a la altura de los ambiciosos objetivos que el mismo Presidente del Gobierno se marcó al impulsar y promocionar esta moderna y valiente ley, de tan gran aceptación tanto entre la ciudadanía rasa como en los centros de trabajo. El precio del tabaco, como es bien sabido, ayuda a configurar el I.P.C. pero sería una lástima que predominasen en este asunto criterios economicistas y deflacionistas sobre los criterios de coherencia rigor y salud pública.

El Periodico 06/02/06


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