Ramon Espasa i Oliver

Friday, February 17, 2006

derechos lingüísticos y asistencia sanitaria en Cat

señor ESPASA I OLIVER: Señor presidente, señoras y señores senadores, el senador Román Jasanada nos ha venido a decir que le preocupa, no tanto la libertad y los derechos fundamentales de cada paciente, cosa que no solo está recogida en la Constitución, sino también en los estatutos de autonomía, en la Ley de Autonomía del Paciente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 aprobada por estas Cámaras -ley que él mismo ha citado, aunque no la ha citado bien-, sino que esta ley se preocupe de que el informe sea comprensible en todo el territorio español.
Y lo que la ley dice exactamente es que en los artículos 3, 4 y 20 la ley debe garantizar que sea comprensible para el paciente, que es el titular de la historia clínica y es el paciente, en función de la lengua que tiene, el que solicita, el que pide, y por supuesto se le atiende, que su documentación clínica esté de forma comprensible y que contribuya esta comprensión a su mejora clínica. Este es el elemento central de la ley que no exactamente o no de forma precisa citaba el senador Román Jasanada.
También ha dicho que le preocupaba que pudiese haber una imposición exclusiva de una lengua cooficial en los documentos clínicos. Estamos hablando de sanidad y, por lo tanto, hablemos de altas clínicas para entendernos, de informes médicos y que esta era una deriva que él no podía aceptar en nombre de su grupo. De ahí la moción en los términos en los que está expresada, unos términos que viene a decir sin decirlo que en las comunidades autónomas con lengua cooficial las personas que no conocen aquella lengua cooficial están sometidas a la imposición de la lengua propia en aquella comunidad autónoma, no son atendidas en su lengua cuando así lo solicitan y, por lo tanto, se les produce un grave perjuicio personal, atentando a sus derechos como persona y como paciente.
Podríamos ver ahí dos preocupaciones por parte del Grupo Parlamentario Popular y del senador que ha utilizado el turno de la palabra: una, una preocupación puramente médico-asistencial y otra, una preocupación de enredo convivencial lingüístico entre comunidades autónomas en el conjunto de España. Voy a referirme solamente en mi primera intervención al aspecto médico-asistencial y en el turno de portavoces me referiré al aspecto del enredo convivencial y de la falsa guerra lingüística a la que parece que nos quiere llevar el senador que nos ha hablado.
Para que no crean que hablo a humo de pajas, les voy a citar un reciente estudio sobre usos lingüísticos producido en mi comunidad autónoma, en Cataluña, un estudio sobre 8.000 documentos clínicos hecho a lo largo de los últimos tres años. Y para que se hagan ustedes una idea de lo que es la realidad del uso lingüístico de una y otra lengua en los documentos clínicos, que es lo que ahora nos preocupa, sepan ustedes, señorías, que de las altas o informes médicos escritos exclusivamente en la lengua propia de Cataluña, en catalán, son el 19,3 por ciento y escritos en castellano son el 79,7 por ciento, lo cual suma el cien por cien.
¿Creen ustedes, cree el señor senador que los profesionales catalanes de la salud son tan perversos que van a incluir en este escaso 13 por ciento de altas emitidas o de informes médicos en catalán a todos los españoles que son transeúntes en Cataluña o que vienen a ser atendidos, sea por la vía de la excelencia sea por la vía de que muchos de ellos tienen familiares en Cataluña? Los que hemos trabajado en hospitales lo sabemos, muchas veces el pariente anciano en Andalucía, Murcia, Galicia o donde sea viene a operarse a Cataluña porque tiene allí a sus hijos, a su nuera y además de creer que tendrá una mejor o peor atención, no entro en eso, tiene su familia allí y por eso viene a operarse y estamos encantados de que esto suceda, estamos encantados de tener muchos enfermos transeúntes por razón de excelencia, otros por razón circunstancial de viaje turístico y los más por razón de que muchos de sus familiares, oriundos de otras partes de España, viven ahora en Cataluña, son hoy ciudadanos de Cataluña.
Estamos encantados de hacer esta acción sanitaria solidaria y lo hacemos en el mejor sentido y con el mejor fin de la salud del paciente, de lo que nos dice la ley de la protección de datos de intimidad del paciente, la ley catalana y la ley española, y saben ustedes que la ley española es prácticamente el calco de la ley catalana, que fue aprobada antes. Y estas dos leyes dicen que la historia clínica es propiedad del paciente y que en la historia clínica se debe explicar al paciente de forma comprensible para que entienda lo que se le va a hacer, lo que se le ha hecho y el pronóstico de la afección que tiene y que esto debe hacerse al mejor fin de la curación del paciente.
Por tanto, es obvio, es lógico, es de razón, es lo que se hace cada día, y ahí están las cifras que les he mencionado, que en nuestra comunidad autónoma, por citar un ejemplo -que es la que conozco, y no voy a hablar de otras que no conozco-, se atiende a los enfermos y se informa de lo que se ha atendido a los enfermos en la lengua propia de cada enfermo, siempre de manera natural, como una prolongación lógica de la excelencia profesional del cuerpo de facultativos y sanitarios en Cataluña, hablen estos sanitarios la lengua que hablen. Parece que esto va de soi, como diría un francés, es de cajón, es lógico, y las cifras apoyan lo que les estoy diciendo.
Pero si no tenían bastante, les doy otro ejemplo y otras cifras. Es tanta la preocupación que existe en el sistema sanitario en Cataluña para que los pacientes sean atendidos en su lengua, que para los análisis y recogida de muestras biológicas -semen, heces, orina, etcétera- tenemos impresos, señorías, en nueve lenguas: francés, inglés, alemán, árabe, chino. ¿Creen ustedes que si se hace este esfuerzo para atender más y mejor a los enfermos, a los pacientes, sean inmigrantes, sean turistas, sean transeúntes, sean ciudadanos españoles con residencia en Cataluña, creen ustedes que si hacemos este esfuerzo en lenguas de uso internacional, no lo vamos a hacer para la lengua propia que es el castellano, como lo es también el catalán en nuestra comunidad? ¿O es que creen ustedes que para los catalanes el castellano no es también una lengua española? ¿O es que ustedes piensan que el catalán no es una lengua española? Las dos son lenguas españolas, las dos son queridas y las dos son utilizadas según el momento y el sentido de la intervención médico-sanitaria, y en el momento de redactar el alta, evidentemente, se hace así.
Alguien me podrá decir: yo tengo un alta escrita en catalán de un paciente de Ciudad Rodrigo, y yo le contestaré: es una mentecatez de quien hizo esa alta. Pero una cosa es hacer una tontería y otra cosa es poner en duda que en Cataluña se cumplan la Constitución, el Estatuto, las leyes de normalización lingüística, la Ley de la Intimitat del Pacient y la Ley 41/2002, de Intimidad del Paciente, que es la que aprobamos en estas Cortes. Poner en duda y decir que hay que subrayar y que hay que afirmar que, si lo solicita, debe ser atendido en castellano, es poner en duda toda la arquitectura constitucional que Cataluña y España, España y Cataluña, nos hemos dado en conjunto. Es querer poner sombra de cizaña donde no la hay ni la debe haber nunca, por razones de salud y por razones de convivencia de todo el país, de toda España. Por eso nos ha sorprendido -y lo digo con cierto dolor, señores del Partido Popular- que en su moción todo el acento se ponga en la petición, porque vienen ustedes a socorrer a unos pobres individuos que están sometidos al peso de una lengua cooficial, que no es el castellano.
Me decía una senadora que para ella, cuando se habla de lenguas cooficiales, es como hablar del cristal con que se mira. En cualquier comunidad autónoma con otra lengua oficial cada una de las dos es cooficial, pero no quiero entrar en eso. Simplemente las dos son instrumentos de convivencia. En Cataluña estamos inmersos en un proyecto muy ambicioso, y lo saben ustedes: ser competentes todos los ciudadanos de Cataluña, a partir de los 16 años, en las dos lenguas del Estado: el español y el catalán. Éste es el gran proyecto; viene de la transición, viene de la lucha antifranquista: un sol pople, duas llenguas. Esto es lo que decía la izquierda: una sola escola, dos llenguas; una sola escuela, dos lenguas. Cataluña, un sol pople; no separar por razón de la lengua. Éste era el gran eslogan: Cataluña, un sol pople; Cataluña, un solo pueblo; una escuela, dos lenguas; un solo pueblo, dos lenguas. Éste es el proyecto catalán y a este proyecto, que es profundamente catalán y profundamente español, no se le deben poner pequeñas cortapisas o pequeños palitos en la rueda, insinuando que, si no se solicita, no se está bien atendido en una de las dos lenguas oficiales de España.
Es por esto, señorías, que nosotros hemos planteado nuestra enmienda, que viene a decir lo mismo que dicen ustedes pero de forma más respetuosa.
Decimos y recordamos que debe cumplirse todo en la arquitectura constitucional, Constitución, estatutos, Ley de normalización lingüística, en nuestro caso, tanto de la catalana como de la española, ley de intimidad del paciente.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.

El señor ESPASA I OLIVER: Del cumplimiento estricto de estas leyes se deriva que cada paciente será atendido en la lengua que más convenga a sus derechos personales y a sus derechos como paciente. Cualquier insinuación en el sentido contrario no nos gusta, señorías, porque, quizá por susceptibilidad, aunque creo que no, nos parece ver otras intenciones que me gustaría que no existiesen, y si no existen podremos llegar a un acuerdo entre todos.
Nada más y muchas gracias.

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El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, estamos, como han repetido todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ante un problema que no existe. Me siento un poco, salvando todas las distancia, como Sancho Panza diciéndole a don Quijote: ¡que no son gigantes, que son molinos!, ¡que no son gigantes, que son molinos! El problema no existe y querer presentar un problema donde no existe el mismo es perverso políticamente hablando; no es de recibo, no deberían haberlo hecho, no deberían continuar por esta senda porque no hay problema, no existe problema.
Antes le he dado cantidad de datos técnicos, estadísticos, porcentajes sobre 8.000 datos; le he hablado de los informes en otras lenguas distintas de las españolas, hasta nueve lenguas se utilizan para asegurar la mejor comprensión entre paciente y sistema sanitario en mi comunidad autónoma, y, a pesar de todo, ustedes continúan hurgando en una inexistente herida de derechos personales, avasallados por la normalización lingüística -como la llamamos nosotros- en Cataluña. No es cierto, señores del Partido Popular.
He hablado en mi primera intervención del aspecto médico-sanitario; ahora voy a hablar solamente del aspecto jurídico-político-lingüístico. Y ustedes ignoran o quieren ignorar que en nuestro caso la lengua cooficial es la lengua propia de la comunidad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, sirve para denotar, para definir todos la toponimia de nuestro país; quiere decir que sirve para que los impresos, toda la producción pública de las administraciones catalanas, incluida la sanitaria, el impreso se hace en lengua catalana y a pesar de que el impreso están todos ellos imprimidos -perdonen la redundancia- en catalán -ya se lo he dicho antes y se lo vuelvo a decir ahora-, el 80 por ciento de los informes médicos se producen en castellano.
Pero ustedes sólo se preocupan de los informes en castellano. ¿Por qué no se preocupan de los pocos informes de alta en catalán? Me permito un ejemplo jocoso, porque soy compañero y amigo suyo. Si el señor Piqué se pusiera enfermo y acudiera al hospital de su ciudad, Vilanova i la Geltrú, estaría encantado de recibir el alta en su lengua propia, es decir, el catalán.
¿Creen ustedes que no hay catalano hablantes y, como decimos simpáticamente, peperos? Claro que los hay. Y son tan españoles como usted. ¿Por qué no se preocupan de los catalano hablantes peperos, que quizá reciben el alta en castellano cuando podían recibirla en catalán? Ahí es donde se ve, como brillantemente ha expuesto el senador del BNG - no voy a hacerlo yo mejor- que su moción parece, - prefiero decirlo así- maliciosa. Quizá no lo sea, pero lo parece tanto, señoras y señores del PP, que tenemos que darles esta respuesta, porque en Cataluña, como en toda España, las lenguas propias y el uso social de las lenguas, sea el catalán, el castellano, el euskera o el gallego, se detienen siempre ante los derechos individuales de las personas, y se detienen más aún ante los derechos individuales de los pacientes, no ya tanto como personas, sino como personas enfermas. Y buscar una y otra vez problemas y malas actuaciones es querer hurgar en una herida que no existe.
Le he dicho, y le reconozco, que puede haber un alta emitida en catalán para un paciente andaluz. Esto será una mentecatez, un error, un caso de malicia, pero no confundamos un error, una mentecatez, o un caso de malicia con poner en duda la arquitectura constitucional de la Constitución, del Estatuto, de las leyes de normalización lingüística, de las leyes que defienden la entidad del paciente, la catalana y la española. Esto no se puede hacer y esto es lo que han hecho ustedes con su moción. No se puede hacer porque no es así. Y claro que hay errores y malicia en todos los sentidos. Pero somos políticos y hablamos del interés general, no de la anécdota elevada a categoría.
Por tanto, señoras y señores del PP, no hagan ustedes de separadores. Busquemos todos la integración de un país complejo, de un país con rica cultura diversa, con lenguas, que en ocasiones provocan ciertas dificultades, claro que sí. Pero es que la complejidad es más difícil de gestionar que la simpleza. ¿O es que les gusta a ustedes la simpleza? Creo que no. Parece que cuanto más complejo, más rico, más difícil, pero más rico al fin y al cabo. España es un país compuesto y complejo, lo que nos lleva a un plus de ejercicio, de imaginación política administrativa y de tolerancia entre todos. No hay que buscar en la anécdota el caso que pueda poner en duda la convivencia de lenguas, culturas y sentimientos. No lo hagan. No introduzcan cizaña en los sentimientos. Tan españoles son unos como otros, hablen la lengua que hablen. No introduzcan la idea de que se es más español si se habla en castellano y se es menos español si se habla en euskera, en catalán o en gallego. No hagan esto, señoras y señores del PP.
Para terminar, señor senador, le recuerdo lo que dijo un gran cirujano francés cuando los esbirros del ministro del Interior, señor Fouché, fueron a buscar a unos revolucionarios a quienes acababa de operar. Le preguntaron dónde estaban aquellos revolucionarios que se habían refugiado, que habían sido heridos y que estaban en el hospital. ¿Sabe qué contestó aquel cirujano? Sire, no he atendido más que a enfermos. Pues bien, hablemos sólo de pacientes. Hablemos sólo de enfermos y no introduzcamos cizaña lingüística en el sistema sanitario español.
Muchas gracias.

Wednesday, February 15, 2006

Dumping social y sanitario


La “ley del tabaco” persigue tres grandes objetivos: reducir drásticamente la publicidad de productos y marcas del tabaco; reducir el número de puntos de venta; establecer el máximo número posible de espacios sin humo. No es pues como se ha repetido superficialmente, una ley intolerante y prohibicionista respecto de las conductas individuales. La ley protege a la mayoría de los no fumadores (aproximadamente el 70%) de verse obligados a respirar aire contaminado por el humo del tabaco. De ahí, las delimitaciones de áreas sin humo versus áreas con humo sea en lugares de trabajo, centros públicos, instituciones, lugares de ocio y restauración etc…Así pues, prohibición de conducta, ni una. La libre disposición al consumo de substancias nocivas queda absolutamente garantizada como decisión estrictamente personal. Mediante la reducción de la publicidad y los puntos de venta la norma persigue también desincentivar el inicio del hábito tabáquico entre los más jóvenes. Las multinacionales del tabaco saben que sólo amplían sus nichos de mercado induciendo, mediante publicidad, promoción, regalos y sobre todo bajos precios, el consumo de los más jóvenes, que serán además sus futuros clientes durante décadas.
Por ello, la reducción drástica del recurso a la publicidad producida por la ley, ha obligado a las tabaqueras a iniciar una feroz guerra de precios. Comenzó Phillips Morris To.,han seguido Altadis, Japan Tobaco, y a buen seguro, no tardarán en sumarse otras multinacionales a esta tormenta de precios. Ahora bien, esta respuesta es un grave atentado tanto a la salud pública como a la recaudación fiscal españolas. De hecho, produce un dumping fiscal, social y sanitario. Dumping fiscal porqué vendiendo mucho más las tabaqueras, Hacienda recauda proporcionalmente mucho menos. Dumping social porqué burla --vía precios- el objetivo de reducción del consumo de cigarrillos entre jóvenes y población en general. Dumping sanitario, en fin, pues el mayor consumo inducido implicará una mayor prevalencia y morbilidad por tabaquismo que deberá ser atendido por los servicios de salud. La U.E. impide, por supuesto, la fijación de precios mínimos de cualquier producto en el mercado y ello incluye naturalmente el tabaco. Pero la Directiva2002/10/C.E. permite en cambio, arbitrar el llamado impuesto mínimo sobre las marcas de tabaco con precio inferior al de la marca más vendida en cada Estado miembro. En el caso español esta marca es Fortuna. Pues bien, como demuestra brillantemente el Prof.A.Lopez Nicolas (U.P.F.), este impuesto mínimo, añadido al impuesto especial sobre el tabaco permitiría a la hacienda pública cubrir tres objetivos: recaudar más; obligar a las tabaqueras a subir precios de forma que no hubieran marcas con precios más baratos que la marca más vendida; ayudar desde el M. Economía y Hacienda a que los fines perseguidos por la ley de prevención del tabaquismo se cumplan. En este sentido es bueno recordar que en la U.E., once Estados del grupo de los quince tienen establecido este impuesto mínimo, que combinado con una fiscalidad mas decantada a la fracción específica que a la fracción “ad valorem” del impuesto especial sobre el tabaco, les permite no tener en su mercado marcas más baratas que la más vendida en cada país. España es uno de los países que menos grava el tabaco y debiera cambiar tanto el nivel como la estructura de su fiscalidad sobre el tabaco. Como proponen los expertos,se trataría de incrementar mucho más la fracción específica, manteniendo la fracción “ad valorem” e introducir este impuesto mínimo para configurar el montante total del impuesto sobre las labores del tabaco. Con ello tendríamos un impuesto moderno, homologado con los países mas avanzados de la U.E. y congruente con la ley recientemente aprobada. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, que agrupa treinta y nueve sociedades científicas, la ministra de Sanidad Elena Salgado, y otras muchas voces autorizadas vienen demandando, desde una perspectiva de defensa de la salud pública, este cambio en la fiscalidad del tabaco. Las escandalosas noticias de estos últimos días demuestran que algo debe hacerse para completar y asegurar los objetivos de la reciente legislación. Permanecer de brazos cruzados sería un ejercicio de tremenda hipocresía política y una pésima muestra de no coordinación gubernamental. Pero estoy seguro de que el Sr. Solbes sabrá estar a la altura de los ambiciosos objetivos que el mismo Presidente del Gobierno se marcó al impulsar y promocionar esta moderna y valiente ley, de tan gran aceptación tanto entre la ciudadanía rasa como en los centros de trabajo. El precio del tabaco, como es bien sabido, ayuda a configurar el I.P.C. pero sería una lástima que predominasen en este asunto criterios economicistas y deflacionistas sobre los criterios de coherencia rigor y salud pública.

El Periodico 06/02/06