Ramon Espasa i Oliver

Friday, February 17, 2006

derechos lingüísticos y asistencia sanitaria en Cat

señor ESPASA I OLIVER: Señor presidente, señoras y señores senadores, el senador Román Jasanada nos ha venido a decir que le preocupa, no tanto la libertad y los derechos fundamentales de cada paciente, cosa que no solo está recogida en la Constitución, sino también en los estatutos de autonomía, en la Ley de Autonomía del Paciente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 aprobada por estas Cámaras -ley que él mismo ha citado, aunque no la ha citado bien-, sino que esta ley se preocupe de que el informe sea comprensible en todo el territorio español.
Y lo que la ley dice exactamente es que en los artículos 3, 4 y 20 la ley debe garantizar que sea comprensible para el paciente, que es el titular de la historia clínica y es el paciente, en función de la lengua que tiene, el que solicita, el que pide, y por supuesto se le atiende, que su documentación clínica esté de forma comprensible y que contribuya esta comprensión a su mejora clínica. Este es el elemento central de la ley que no exactamente o no de forma precisa citaba el senador Román Jasanada.
También ha dicho que le preocupaba que pudiese haber una imposición exclusiva de una lengua cooficial en los documentos clínicos. Estamos hablando de sanidad y, por lo tanto, hablemos de altas clínicas para entendernos, de informes médicos y que esta era una deriva que él no podía aceptar en nombre de su grupo. De ahí la moción en los términos en los que está expresada, unos términos que viene a decir sin decirlo que en las comunidades autónomas con lengua cooficial las personas que no conocen aquella lengua cooficial están sometidas a la imposición de la lengua propia en aquella comunidad autónoma, no son atendidas en su lengua cuando así lo solicitan y, por lo tanto, se les produce un grave perjuicio personal, atentando a sus derechos como persona y como paciente.
Podríamos ver ahí dos preocupaciones por parte del Grupo Parlamentario Popular y del senador que ha utilizado el turno de la palabra: una, una preocupación puramente médico-asistencial y otra, una preocupación de enredo convivencial lingüístico entre comunidades autónomas en el conjunto de España. Voy a referirme solamente en mi primera intervención al aspecto médico-asistencial y en el turno de portavoces me referiré al aspecto del enredo convivencial y de la falsa guerra lingüística a la que parece que nos quiere llevar el senador que nos ha hablado.
Para que no crean que hablo a humo de pajas, les voy a citar un reciente estudio sobre usos lingüísticos producido en mi comunidad autónoma, en Cataluña, un estudio sobre 8.000 documentos clínicos hecho a lo largo de los últimos tres años. Y para que se hagan ustedes una idea de lo que es la realidad del uso lingüístico de una y otra lengua en los documentos clínicos, que es lo que ahora nos preocupa, sepan ustedes, señorías, que de las altas o informes médicos escritos exclusivamente en la lengua propia de Cataluña, en catalán, son el 19,3 por ciento y escritos en castellano son el 79,7 por ciento, lo cual suma el cien por cien.
¿Creen ustedes, cree el señor senador que los profesionales catalanes de la salud son tan perversos que van a incluir en este escaso 13 por ciento de altas emitidas o de informes médicos en catalán a todos los españoles que son transeúntes en Cataluña o que vienen a ser atendidos, sea por la vía de la excelencia sea por la vía de que muchos de ellos tienen familiares en Cataluña? Los que hemos trabajado en hospitales lo sabemos, muchas veces el pariente anciano en Andalucía, Murcia, Galicia o donde sea viene a operarse a Cataluña porque tiene allí a sus hijos, a su nuera y además de creer que tendrá una mejor o peor atención, no entro en eso, tiene su familia allí y por eso viene a operarse y estamos encantados de que esto suceda, estamos encantados de tener muchos enfermos transeúntes por razón de excelencia, otros por razón circunstancial de viaje turístico y los más por razón de que muchos de sus familiares, oriundos de otras partes de España, viven ahora en Cataluña, son hoy ciudadanos de Cataluña.
Estamos encantados de hacer esta acción sanitaria solidaria y lo hacemos en el mejor sentido y con el mejor fin de la salud del paciente, de lo que nos dice la ley de la protección de datos de intimidad del paciente, la ley catalana y la ley española, y saben ustedes que la ley española es prácticamente el calco de la ley catalana, que fue aprobada antes. Y estas dos leyes dicen que la historia clínica es propiedad del paciente y que en la historia clínica se debe explicar al paciente de forma comprensible para que entienda lo que se le va a hacer, lo que se le ha hecho y el pronóstico de la afección que tiene y que esto debe hacerse al mejor fin de la curación del paciente.
Por tanto, es obvio, es lógico, es de razón, es lo que se hace cada día, y ahí están las cifras que les he mencionado, que en nuestra comunidad autónoma, por citar un ejemplo -que es la que conozco, y no voy a hablar de otras que no conozco-, se atiende a los enfermos y se informa de lo que se ha atendido a los enfermos en la lengua propia de cada enfermo, siempre de manera natural, como una prolongación lógica de la excelencia profesional del cuerpo de facultativos y sanitarios en Cataluña, hablen estos sanitarios la lengua que hablen. Parece que esto va de soi, como diría un francés, es de cajón, es lógico, y las cifras apoyan lo que les estoy diciendo.
Pero si no tenían bastante, les doy otro ejemplo y otras cifras. Es tanta la preocupación que existe en el sistema sanitario en Cataluña para que los pacientes sean atendidos en su lengua, que para los análisis y recogida de muestras biológicas -semen, heces, orina, etcétera- tenemos impresos, señorías, en nueve lenguas: francés, inglés, alemán, árabe, chino. ¿Creen ustedes que si se hace este esfuerzo para atender más y mejor a los enfermos, a los pacientes, sean inmigrantes, sean turistas, sean transeúntes, sean ciudadanos españoles con residencia en Cataluña, creen ustedes que si hacemos este esfuerzo en lenguas de uso internacional, no lo vamos a hacer para la lengua propia que es el castellano, como lo es también el catalán en nuestra comunidad? ¿O es que creen ustedes que para los catalanes el castellano no es también una lengua española? ¿O es que ustedes piensan que el catalán no es una lengua española? Las dos son lenguas españolas, las dos son queridas y las dos son utilizadas según el momento y el sentido de la intervención médico-sanitaria, y en el momento de redactar el alta, evidentemente, se hace así.
Alguien me podrá decir: yo tengo un alta escrita en catalán de un paciente de Ciudad Rodrigo, y yo le contestaré: es una mentecatez de quien hizo esa alta. Pero una cosa es hacer una tontería y otra cosa es poner en duda que en Cataluña se cumplan la Constitución, el Estatuto, las leyes de normalización lingüística, la Ley de la Intimitat del Pacient y la Ley 41/2002, de Intimidad del Paciente, que es la que aprobamos en estas Cortes. Poner en duda y decir que hay que subrayar y que hay que afirmar que, si lo solicita, debe ser atendido en castellano, es poner en duda toda la arquitectura constitucional que Cataluña y España, España y Cataluña, nos hemos dado en conjunto. Es querer poner sombra de cizaña donde no la hay ni la debe haber nunca, por razones de salud y por razones de convivencia de todo el país, de toda España. Por eso nos ha sorprendido -y lo digo con cierto dolor, señores del Partido Popular- que en su moción todo el acento se ponga en la petición, porque vienen ustedes a socorrer a unos pobres individuos que están sometidos al peso de una lengua cooficial, que no es el castellano.
Me decía una senadora que para ella, cuando se habla de lenguas cooficiales, es como hablar del cristal con que se mira. En cualquier comunidad autónoma con otra lengua oficial cada una de las dos es cooficial, pero no quiero entrar en eso. Simplemente las dos son instrumentos de convivencia. En Cataluña estamos inmersos en un proyecto muy ambicioso, y lo saben ustedes: ser competentes todos los ciudadanos de Cataluña, a partir de los 16 años, en las dos lenguas del Estado: el español y el catalán. Éste es el gran proyecto; viene de la transición, viene de la lucha antifranquista: un sol pople, duas llenguas. Esto es lo que decía la izquierda: una sola escola, dos llenguas; una sola escuela, dos lenguas. Cataluña, un sol pople; no separar por razón de la lengua. Éste era el gran eslogan: Cataluña, un sol pople; Cataluña, un solo pueblo; una escuela, dos lenguas; un solo pueblo, dos lenguas. Éste es el proyecto catalán y a este proyecto, que es profundamente catalán y profundamente español, no se le deben poner pequeñas cortapisas o pequeños palitos en la rueda, insinuando que, si no se solicita, no se está bien atendido en una de las dos lenguas oficiales de España.
Es por esto, señorías, que nosotros hemos planteado nuestra enmienda, que viene a decir lo mismo que dicen ustedes pero de forma más respetuosa.
Decimos y recordamos que debe cumplirse todo en la arquitectura constitucional, Constitución, estatutos, Ley de normalización lingüística, en nuestro caso, tanto de la catalana como de la española, ley de intimidad del paciente.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.

El señor ESPASA I OLIVER: Del cumplimiento estricto de estas leyes se deriva que cada paciente será atendido en la lengua que más convenga a sus derechos personales y a sus derechos como paciente. Cualquier insinuación en el sentido contrario no nos gusta, señorías, porque, quizá por susceptibilidad, aunque creo que no, nos parece ver otras intenciones que me gustaría que no existiesen, y si no existen podremos llegar a un acuerdo entre todos.
Nada más y muchas gracias.

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El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, estamos, como han repetido todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ante un problema que no existe. Me siento un poco, salvando todas las distancia, como Sancho Panza diciéndole a don Quijote: ¡que no son gigantes, que son molinos!, ¡que no son gigantes, que son molinos! El problema no existe y querer presentar un problema donde no existe el mismo es perverso políticamente hablando; no es de recibo, no deberían haberlo hecho, no deberían continuar por esta senda porque no hay problema, no existe problema.
Antes le he dado cantidad de datos técnicos, estadísticos, porcentajes sobre 8.000 datos; le he hablado de los informes en otras lenguas distintas de las españolas, hasta nueve lenguas se utilizan para asegurar la mejor comprensión entre paciente y sistema sanitario en mi comunidad autónoma, y, a pesar de todo, ustedes continúan hurgando en una inexistente herida de derechos personales, avasallados por la normalización lingüística -como la llamamos nosotros- en Cataluña. No es cierto, señores del Partido Popular.
He hablado en mi primera intervención del aspecto médico-sanitario; ahora voy a hablar solamente del aspecto jurídico-político-lingüístico. Y ustedes ignoran o quieren ignorar que en nuestro caso la lengua cooficial es la lengua propia de la comunidad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, sirve para denotar, para definir todos la toponimia de nuestro país; quiere decir que sirve para que los impresos, toda la producción pública de las administraciones catalanas, incluida la sanitaria, el impreso se hace en lengua catalana y a pesar de que el impreso están todos ellos imprimidos -perdonen la redundancia- en catalán -ya se lo he dicho antes y se lo vuelvo a decir ahora-, el 80 por ciento de los informes médicos se producen en castellano.
Pero ustedes sólo se preocupan de los informes en castellano. ¿Por qué no se preocupan de los pocos informes de alta en catalán? Me permito un ejemplo jocoso, porque soy compañero y amigo suyo. Si el señor Piqué se pusiera enfermo y acudiera al hospital de su ciudad, Vilanova i la Geltrú, estaría encantado de recibir el alta en su lengua propia, es decir, el catalán.
¿Creen ustedes que no hay catalano hablantes y, como decimos simpáticamente, peperos? Claro que los hay. Y son tan españoles como usted. ¿Por qué no se preocupan de los catalano hablantes peperos, que quizá reciben el alta en castellano cuando podían recibirla en catalán? Ahí es donde se ve, como brillantemente ha expuesto el senador del BNG - no voy a hacerlo yo mejor- que su moción parece, - prefiero decirlo así- maliciosa. Quizá no lo sea, pero lo parece tanto, señoras y señores del PP, que tenemos que darles esta respuesta, porque en Cataluña, como en toda España, las lenguas propias y el uso social de las lenguas, sea el catalán, el castellano, el euskera o el gallego, se detienen siempre ante los derechos individuales de las personas, y se detienen más aún ante los derechos individuales de los pacientes, no ya tanto como personas, sino como personas enfermas. Y buscar una y otra vez problemas y malas actuaciones es querer hurgar en una herida que no existe.
Le he dicho, y le reconozco, que puede haber un alta emitida en catalán para un paciente andaluz. Esto será una mentecatez, un error, un caso de malicia, pero no confundamos un error, una mentecatez, o un caso de malicia con poner en duda la arquitectura constitucional de la Constitución, del Estatuto, de las leyes de normalización lingüística, de las leyes que defienden la entidad del paciente, la catalana y la española. Esto no se puede hacer y esto es lo que han hecho ustedes con su moción. No se puede hacer porque no es así. Y claro que hay errores y malicia en todos los sentidos. Pero somos políticos y hablamos del interés general, no de la anécdota elevada a categoría.
Por tanto, señoras y señores del PP, no hagan ustedes de separadores. Busquemos todos la integración de un país complejo, de un país con rica cultura diversa, con lenguas, que en ocasiones provocan ciertas dificultades, claro que sí. Pero es que la complejidad es más difícil de gestionar que la simpleza. ¿O es que les gusta a ustedes la simpleza? Creo que no. Parece que cuanto más complejo, más rico, más difícil, pero más rico al fin y al cabo. España es un país compuesto y complejo, lo que nos lleva a un plus de ejercicio, de imaginación política administrativa y de tolerancia entre todos. No hay que buscar en la anécdota el caso que pueda poner en duda la convivencia de lenguas, culturas y sentimientos. No lo hagan. No introduzcan cizaña en los sentimientos. Tan españoles son unos como otros, hablen la lengua que hablen. No introduzcan la idea de que se es más español si se habla en castellano y se es menos español si se habla en euskera, en catalán o en gallego. No hagan esto, señoras y señores del PP.
Para terminar, señor senador, le recuerdo lo que dijo un gran cirujano francés cuando los esbirros del ministro del Interior, señor Fouché, fueron a buscar a unos revolucionarios a quienes acababa de operar. Le preguntaron dónde estaban aquellos revolucionarios que se habían refugiado, que habían sido heridos y que estaban en el hospital. ¿Sabe qué contestó aquel cirujano? Sire, no he atendido más que a enfermos. Pues bien, hablemos sólo de pacientes. Hablemos sólo de enfermos y no introduzcamos cizaña lingüística en el sistema sanitario español.
Muchas gracias.

Wednesday, February 15, 2006

Dumping social y sanitario


La “ley del tabaco” persigue tres grandes objetivos: reducir drásticamente la publicidad de productos y marcas del tabaco; reducir el número de puntos de venta; establecer el máximo número posible de espacios sin humo. No es pues como se ha repetido superficialmente, una ley intolerante y prohibicionista respecto de las conductas individuales. La ley protege a la mayoría de los no fumadores (aproximadamente el 70%) de verse obligados a respirar aire contaminado por el humo del tabaco. De ahí, las delimitaciones de áreas sin humo versus áreas con humo sea en lugares de trabajo, centros públicos, instituciones, lugares de ocio y restauración etc…Así pues, prohibición de conducta, ni una. La libre disposición al consumo de substancias nocivas queda absolutamente garantizada como decisión estrictamente personal. Mediante la reducción de la publicidad y los puntos de venta la norma persigue también desincentivar el inicio del hábito tabáquico entre los más jóvenes. Las multinacionales del tabaco saben que sólo amplían sus nichos de mercado induciendo, mediante publicidad, promoción, regalos y sobre todo bajos precios, el consumo de los más jóvenes, que serán además sus futuros clientes durante décadas.
Por ello, la reducción drástica del recurso a la publicidad producida por la ley, ha obligado a las tabaqueras a iniciar una feroz guerra de precios. Comenzó Phillips Morris To.,han seguido Altadis, Japan Tobaco, y a buen seguro, no tardarán en sumarse otras multinacionales a esta tormenta de precios. Ahora bien, esta respuesta es un grave atentado tanto a la salud pública como a la recaudación fiscal españolas. De hecho, produce un dumping fiscal, social y sanitario. Dumping fiscal porqué vendiendo mucho más las tabaqueras, Hacienda recauda proporcionalmente mucho menos. Dumping social porqué burla --vía precios- el objetivo de reducción del consumo de cigarrillos entre jóvenes y población en general. Dumping sanitario, en fin, pues el mayor consumo inducido implicará una mayor prevalencia y morbilidad por tabaquismo que deberá ser atendido por los servicios de salud. La U.E. impide, por supuesto, la fijación de precios mínimos de cualquier producto en el mercado y ello incluye naturalmente el tabaco. Pero la Directiva2002/10/C.E. permite en cambio, arbitrar el llamado impuesto mínimo sobre las marcas de tabaco con precio inferior al de la marca más vendida en cada Estado miembro. En el caso español esta marca es Fortuna. Pues bien, como demuestra brillantemente el Prof.A.Lopez Nicolas (U.P.F.), este impuesto mínimo, añadido al impuesto especial sobre el tabaco permitiría a la hacienda pública cubrir tres objetivos: recaudar más; obligar a las tabaqueras a subir precios de forma que no hubieran marcas con precios más baratos que la marca más vendida; ayudar desde el M. Economía y Hacienda a que los fines perseguidos por la ley de prevención del tabaquismo se cumplan. En este sentido es bueno recordar que en la U.E., once Estados del grupo de los quince tienen establecido este impuesto mínimo, que combinado con una fiscalidad mas decantada a la fracción específica que a la fracción “ad valorem” del impuesto especial sobre el tabaco, les permite no tener en su mercado marcas más baratas que la más vendida en cada país. España es uno de los países que menos grava el tabaco y debiera cambiar tanto el nivel como la estructura de su fiscalidad sobre el tabaco. Como proponen los expertos,se trataría de incrementar mucho más la fracción específica, manteniendo la fracción “ad valorem” e introducir este impuesto mínimo para configurar el montante total del impuesto sobre las labores del tabaco. Con ello tendríamos un impuesto moderno, homologado con los países mas avanzados de la U.E. y congruente con la ley recientemente aprobada. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, que agrupa treinta y nueve sociedades científicas, la ministra de Sanidad Elena Salgado, y otras muchas voces autorizadas vienen demandando, desde una perspectiva de defensa de la salud pública, este cambio en la fiscalidad del tabaco. Las escandalosas noticias de estos últimos días demuestran que algo debe hacerse para completar y asegurar los objetivos de la reciente legislación. Permanecer de brazos cruzados sería un ejercicio de tremenda hipocresía política y una pésima muestra de no coordinación gubernamental. Pero estoy seguro de que el Sr. Solbes sabrá estar a la altura de los ambiciosos objetivos que el mismo Presidente del Gobierno se marcó al impulsar y promocionar esta moderna y valiente ley, de tan gran aceptación tanto entre la ciudadanía rasa como en los centros de trabajo. El precio del tabaco, como es bien sabido, ayuda a configurar el I.P.C. pero sería una lástima que predominasen en este asunto criterios economicistas y deflacionistas sobre los criterios de coherencia rigor y salud pública.

El Periodico 06/02/06


Thursday, December 15, 2005

Interrupció voluntaria embaraç i dignitat de la dona

Ley de interrupcion voluntaria del embarazo,en plazo predeterminado.

Es una vieja reivindicación del movimiento feminista y de los partidos de la izquierda (PSUC pionero) ya emblemàtica desde la Transicion.Repetidamente presentada en el Congreso de los Diputados han pasado veinicinco años y es todavía una esperanza. La Ley actual,de indicaciones o supuestos, aunque ha solucionado la demanda social existente mantiene a la mujer supeditada al examen por un tercero( médico,

juez) del cumplimiento de los repetidos supuestos. De hecho y a demanda de la interesada siempre se encuentra el supuesto que permite interrumpir un embarazo dándose así una doble hipocresía: la del supuesto esgrimido, y la no desdeñable circunstancia de tratarse de un acto lucrativo para quien lo practica. En cambio una ley de plazos reconoce la inalienable soberanía de la mujer para decidir sobre la continuidad de su embarazo dentro del plazo predeterminado. Debe notarse que el plazo no responde a ninguna relimitación sobre la viabilidad del feto. Se trata de una estimación científica ( y por lo tanto revisable) basada en el menor riesgo estadístico que representa interrumpir un embarazo en fechas tan tempranas respecto del riesgo (también estadístico) de un parto a término. De ahí la variabilidad de los plazos en la legislación internacional.Dentro del plazo la soberanía de la decisión debe radicar en la mujer sin ningún tipo de tutela ni de supuesto ni de precondición excepto la información mas exhaustiva.Puede decirse que la mujer, gracias a una ley de este tipo deviene plenamente mayor de edad. Una ley de plazos obligará mucho más que ahora a la sanidad pública pues deberá garantizar su estricto cumplimiento disponiendo medios humanos y materiales.
La ley de plazos resulta mas congruente con la Constitución laica de que nos dotamos, pues los supuestos vienen a recordar que las interrupciones de embarazo no son un derecho sino una graciosa excepción.Por ello mismo, la nueva Ley tendrá la enemiga de la Iglesia y de los conservadores , unidos bajo la rúbrica de que la vida es de Dios y no de los hombres, que no puede haber libre disposición ni del propio cuerpo ni de la propia dignidad.Tampoco la Ley inducirá mas interrupciones pues no es mas liberal que la vigente, sencillamente es plenamente respetuosa con la mujer. Ella es en definitiva la única persona capaz de decidir si quiere o no llevar adelante un embarazo si voluntaria y amorosamente quiere traer al mundo a una nueva persona. (en lo posible no utilitzar la expresión aborto: es munición barata para los adversarios en esta polémica)

R.E.26/03/04 PER.

Eutanasia o sedació en l'agonia (Hosp.Móstoles)

El humo ciega sus ojos


El patinazo del Sr. Lamela, Consejero de Sanidad del PP. en la Comunidad de Madrid ha sido descomunal, grave, y de consecuencias desastrosas para el clima de necesaria confianza que debe presidir las relaciones entre profesionales y pacientes en la sanidad pública. Amparándose en unas mas que dudosas denuncias anónimas, con imprudente precipitación y haciendo gala de una ignorancia casi dolosa, el Sr. Consejero se reviste de coraza y espada flamígera cual nuevo arcángel San Gabriel y arremete contra esa tropa de médicos soberbios que creyendo tener la vida en sus manos han podido practicar cuatrocientas eutanasias en el H. Severo Ochoa, cuando como dice el Catecismo, la vida solo es de Dios. Resulta chocante sin embargo saber que el Sr. Lamela pertenece al llamado sector liberal dentro del PP, y que su proximidad a las tesis del Sr. Ruiz Gallardón son notorias. ¡Como debe ser pues el resto de la tropa¡.Muy probablemente el Sr. Lamela haya sido embarcado en esta penosa aventura, pero en todo caso lo ha sido por sus “coleguís” del PP. Ello viene pues a confirmar el enrarecido y fundamentalista clima que preside y rodea las cavilaciones y actuaciones políticas de este partido político.
Pero vayamos a los hechos .El hospital de Leganes, como casi todos, esta constantemente desbordado por una sobre demanda asistencial que sólo es atendida gracias a la abnegación, entrega y entusiasmo de sus profesionales. En efecto la falta de medios humanos y financieros en la sanidad pública clama al cielo desde hace ya muchos años. Nuestros índices de camas de agudos por mil habitantes, nuestros dispositivos asistenciales en primaria, nuestro prácticamente inexistente sistema de cuidados paliativos a domicilio, unido al evidente envejecimiento de la población requieren soluciones inaplazables. El PP, en el gobierno durante ocho años de bonanza y crecimiento económico tiene buena parte de responsabilidad en ello por su repetida cicatería presupuestaria respecto del gasto público en general y también del gasto sanitario. Pero hoy con la izquierda en responsabilidades de dirección la situación no puede ni debe prolongarse un minuto más. Pues bien, en este contexto de Urgencias cotidianamente desbordadas, la práctica de lo que hoy es ya un distintivo de buena praxis médica, esto es la sedación en la agonía para evitar el dolor innecesario, la angustia, el delirio y la sensación de ahogo, llevada a cabo por los buenos profesionales de este hospital, se ha convertido en una ridícula pero escandalosa denuncia de supuestas irregularidades atentatorias del derecho de todos a la vida. Ello ha representado un atentado gravísimo a la confianza que debe presidir la relación entre médicos y enfermos, y al aprecio que siente la población por sus servicios públicos de salud. En este sentido la nutrida manifestación que en defensa de su hospital y de sus profesionales, han protagonizado los vecinos de Leganes es altamente reconfortante y demuestra coraje e inteligencia popular a raudales.
Loas supuestas irregularidades que el flamígero Sr. Consejero veía por todas partes ,no son más a día de hoy, que insuficiencias de consignación escrita de órdenes medicas en las historias clínicas, precisamente producidas por el agobio y presión con la que a diario deben trabajar estos profesionales. Aun más, la supuesta y culposa desviación estadística del número de muertes en el repetido hospital respecto de otros, no traduce más que la abusiva sobrecarga de trabajo de este hospital. El Sr. Consejero ha hecho pues un pan como unas ….tortas. Ni la comisión de mortalidad del centro ni la Fiscalía han encontrado indicios de conductas culposas.¿De que se trata pues? Desgraciadamente estamos ante una manipulación y abuso de poder político, siempre intolerables, pero puestos esta vez al servicio de una mirada pacata, gazmoña y retrograda sobre el derecho a morir dignamente. El humo de la ideología mas integrista ciega los ojos de los esforzados paladines del partido popular y en nombre de unos dogmáticos principios creen poder conformar a su gusto la realidad científica y social. Hoy el derecho a morir dignamente sin dolor y conduciendo la propia muerte con el mayor placidez y la menor angustia posible es una realidad que debería estar al alcance de todos los ciudadanos y no sólo de unos pocos. Las posibilidades científicas y asistenciales así lo confirman y la ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos también lo viene reclamando. Hoy la sedación de la agonía adecuadamente establecida es una práctica descrita, ensalzada y aceptada por la comunidad científica. La bibliografía seria y especializada es de una evidencia abrumadora. Ahora bien si como recuerda el bello fox-trot el humo ciega tus ojos y si este humo es producto de rancias ideologías las posibilidades de equivocarse son muchas. Pero a veces, ya se ha dicho las equivocaciones son peores que un crimen.


R.E. PERIODICO 07/04/05

Sanitat i recursos humans

Recursos humanos/ ¿Profesionales escasos?/ Grippe y recursos humanos.

Recordar que el personal sanitario (médicos, diplomados de enfermería, auxiliares de clínica etc.) es el principal recurso de un sistema sanitario puede parecer retórico.Sin embargo y a pesar de todos los avances tecnológicos i farmacológicos, o precisamente en parte por ello mismo, cada día son precisos más y más profesionales sanitarios, para prevenir, para curar y sobre todo para cuidar...Son muchos los factores que empujan en esta dirección. La demanda creciente de mas seguridad y mas confort. El mayor consumo de atenciones sanitarias que resultan de la tan celebrada longevidad.Los exponenciales incrementos de costo que representan tanto la novísima tecnología electromédica e informática como la factura farmaceútica.Ahora bien, el factor humano continua siendo el máximo agente de gasto dentro del presupuesto sanitario y debemos reconocerle el papel de eje y fundamento del sistema.La formación larga ,costosa y esforzada de estos profesionales no puede dejarse a la espontaneidad de la oferta y demanda del mercado.Su formación y su número debe ser gestionada (en buena parte ya se hace) desde las necesidades del sistema sanitario entendido este como un bien público.Los tan denostados “númerus clausus”resulta que son necesarios, siempre que se entienda esta gestión de recursos humanos de forma flexible, programada, transparente y democrática, es decir al servicio del sistema sanitario y no de cualquier grupo de presión, trátese de sindicatos, colegios profesionales, o determinados grupos de especialistas.Pero no todo acaba en la adecuada planificación. Después, debe ofrecérseles un adecuado abanico de incentivos (económicos, científicos, de carrera profesional) dentro del sistema sanitario público para conseguir sacar el mejor rendimiento humano y profesional de estos valiosos profesionales.Ahi topamos inmediatamente con la constricción presupuestaria.Los cantos al desbocado gasto sanitario, tan queridos por la derecha, no son lamentablemente muy contestados por la izquierda. La presión del “buen sentido común”se impone: el gasto es insostenible, la sanidad acabará con el estado del bienstar, y demás jeremiadas.Ciertamente el déficit de financiación sanitaria heredado de los gobiernos del P.P. es realmente grave. Y aquí vienen a incidir los datos recientemente conocidos: mil diplomados de enfermería, unos cuatrocientos médicos, y aproximadamente cuarenta farmacéuticos hospitalarios están trabajando en otros países de la Unión Europea. Mas aún ,de no corregirse el ritmo de formación de profesionales, en diez años podemos tener importantes déficit en determinadas especialidades médicas. Estos hechos obligan a una nueva reflexión política sobre nuestro modelo sanitario.¿En una Unión Europea abierta a la libre circulación de profesionales, nos quedaremos impasibles formando profesionales a precios mas bajos que otros países de la Unión, para ver como después nuestros especialistas son contratados por estos países, en mejores condiciones salariales y de estabilidad que las que nuestro sistema puede ofrecerles?Las economías abiertas no deben servir sólo para mejorar la competencia en mercancías y servicios como el discurso neoliberal nos repite machaconamente. También deberían servir para igualar niveles de bienestar, y uno de sus pilares, es el servicio sanitario. Se impone pues una fuerte corrección al alza en las finanzas de nuestro modelo sanitario. El gasto sanitario no es un problema social que impida poder abordar los auténticos problemas de crecimiento de la economía como la inflación , las infraestructuras, o la competitividad, como se dice.Antes al contrario, es un componente esencial del equilibrio presupuestario y social de nuestra sociedad. ¿Sin la seguridad que ofrece a todos, la cobertura sanitaria gratuita, y en términos generales satisfactoria, cree alguien que el comportamiento del consumo privado y del ahorro, por ejemplo, sería el mismo en nuestro pais//?En este sentido las tentaciones privatizadoras, encubiertas bajo las distintas formas de copago, no harían mas que agravar el problema en su vertiente económica y sobre todo incrementar las desigualdades sociales, con grave quebranto de la cohesión social.
Los profesionales son pues el mayor gasto, y a la vez, la mejor riqueza de nuestro sistema sanitario.La actual epidemia de gripe es otro toque de atención. Sobre la base de una generosa entrega de médicos y enfermería en la asistencia primaria vamos sorteando la presión asistencial mientras los hospitales están desprogramando intervenciones ante el desbordamiento de sus urgencias. Y a pesar de todo,casi todo va bien. Pero no podemos funcionar siempre gracias a la abnegación y heroicidades de los/las profesionales.


R.E.31/01/05 PERIODICO

model social europeu/model social U.S.A.

Modelo Social Europeo


El objetivo de la reciente reunión de jefes de Estado y de Gobierno convocada por Blair en Hampton Court era “como superar el desafío competitivo manteniendo la seguridad de nuestros ciudadanos en un mundo de movimientos de mercancías, capitales y personas sin precedentes”. Para responder a esta nueva situación, la U.E. según Blair debe esforzarse en encontrar modernos caminos para asegurar el crecimiento, la creación de empleos, la innovación y la seguridad frente a la masiva inmigración ilegal. Barrosso en el documento de la Comisión, incidía la cuestión cardinal de este debate con el siguiente dato. En la U.E./25 , el gasto público en protección y cohesión social representa un 25% de su P.I.B., en Estados Unidos es un 15% y en Japón un 17%.No hace falta recordar imágenes del Katrina en Nueva Orleáns, para reconocer que este es uno de los mayores signos de identidad del modelo social y productivo europeo. Ahora bien, la competencia globalizada, la emergencia de nuevas fábricas del mundo como China, India y Brasil parecen, según algunos, amenazar al histórico modelo europeo. ¿Debemos abandonarlo en aras a una competitividad galopante? ¿O mas bien deberíamos reforzarlo aumentando la productividad y recuperando el dialogo social y la participación cívica? Las soluciones no son fáciles, lo sabemos, pero lamentablemente ni Blair ni la mayoría de Jefes de Gobierno estuvieron interesados en mandar un mensaje claro e ilusionante. Solo vaguedades sobre la modernidad que ciertamente no ayudan a que los ciudadanos se interesen más por Europa y su futuro.



R.E. 28/10/05 PERIODICO

Etica i ciencia (dignitat i privacitat portadors V.I.H.)

Etica y ciencia

El continuado avance de la medicina científica ha situado en sus justos términos ciertas enfermedades que la historia y la ignorancia habían envuelto en auras misteriosas,divinas , demoníacas o incluso xenofobas:la peste bubónica, la lepra la epilepsia ,el mal francés(sífilis), el cancer percibido como inexorable e incurable, etc...
Hoy se puede afirmar que las bases fisiológicas y causales de las enfermedades catalogadas,son conocidas.Este progreso científico,es hijo de la exhaustiva recogida de datos, y de la experimentación,aplicadas al estudio de cada enfermedad.El misterio y el aura han desaparecido,para bien de todos.
Hoy se plantea la necesidad de registrar a las personas seropositivas(que no enfermos) frente al V.I.H. para poder estudiar y conocer mejor la proporción y las causas que llevaran a que algunas de estas personas acaben enfermando de sida. La duda moral e incluso ética aparece inmediatamente. En efecto ,no son enfermos, no estan (según lo conocido hasta hoy) contagiando, y sin embargo algunas de ellas enfermarán y podrán contagiar.¿Deben por ello ser obligatoriamente declarados y recogidos estos datos de indudable valor científico? De no hacerlo, las causas de conversión desde la seropositividad a la enfermedad continuarán ignorándose.Pero si se hace sin el obligado, y debido respeto a la intimidad personal, se podría estar conculcando un derecho fundamental.No estamos ante ninguna enfermedad demonizable o misteriosa que pueda aterrorizarnos. Ciertamente la ciencia quiere y debe conocer siempre más.Pero estamos también ante el dercho al consentimiento informado y ante la dignidad de la persona.La ciencia, o mejor los científicos, deben asegurar de forma segura e indubitable que esta recogida de datos de los seropositivos, en ningún caso afectarà a su derecho fundamental a la intimidad.Si no pueden asumir este solemne compromiso, deben buscar otras vias de estudio.No todo lo que científicament puede hacerse es bueno que se haga.(Piensese en la clonación reproductiva p.ej.) A la ciencia no se le pueden pedir criterios morales ni éticos pues carece de ellos.Quienes deben proponerlos son los hombres, desde su moral ,desde su ética.




R.E. 20/11/04 PER

Tuesday, December 13, 2005

Ley del tabaco. Discurso en el Pleno del Senado. Novembre 2005

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès tiene la palabra el senador Espasa.

El señor ESPASA I OLIVER: Señor presidente, señoras y señores senadores, ésta es una ley buena, ésta es una muy buena ley. Voy a dedicar el tiempo que me es permitido utilizar para defender las enmiendas y los votos particulares para defender el conjunto de la arquitectura de la ley porque me parece mucho más importante que algunos aspectos concretos, que alguna pequeña incongruencia que se da aún en este proyecto de ley, lo que el senador Cuenca Cañizares señalaba quizá con excesiva vehemencia.
¿Qué es lo que se propone con esta ley? Con esta ley se proponen tres cosas: en primer lugar, reducir los puntos de venta del producto legal llamado tabaco; en segundo lugar, reducir e impedir drásticamente la publicidad de los productos del tabaco; y en tercer lugar, y quizá la más importante, separar los ambientes en que haya aire contaminado por humo de tabaco. Se ha dicho, y tengo buenos amigos en la sala y fuera de ella que me estarán escuchando, que esta es una ley prohibicionista. Que parecíamos o bien miembros del ejército de salvación tocando las trompetas y los tambores para evitar que los amigos caigan en el vicio de fumar, o talibanes sanitarios. Pues bien, señoras y señores senadores, queridos amigos, ni somos miembros del ejército de salvación ni somos talibanes sanitarios. Somos simplemente demócratas. Porque, ¿qué es lo que persigue la ley? ¿Cuál es su núcleo central? Por evidencias científicas que no voy a enumerar, se sabe, señorías, que el aire contaminado con humo de tabaco representa un riesgo para la salud de las personas que lo inhalan.
En función de esta evidencia empírica, hoy incontestable, la mitad de riesgo que toma para sí un fumador voluntario lo tiene un fumador pasivo. Recuerden ustedes que el artículo 45 de la Constitución Española dice que es deber de los poderes públicos proteger la salud pública, y ante esta nueva evidencia empírica -nueva desde hace unos diez años-, ante esta contundente evidencia científica, ¿qué tienen que hacer los poderes públicos? Inmediatamente separar a las personas que no voluntariamente deban inhalar aire contaminado con humo de tabaco, y esto es lo que hace la ley, y lo hace en cuatro niveles. En el aire libre, en el ambiente, sobre lo que la ley evidentemente no dice nada; cada uno hace lo que quiere ahí. En el espacio privado, sobre lo que evidentemente la ley no dice nada; cada uno hace lo que quiere ahí. En los espacios públicos o colectivos de ocio, donde la gente va voluntariamente, pero se encuentra con otras personas que también voluntariamente han ido; una solución sencilla y clásica es separar ambientes, de forma física, de forma total, con sistemas de ventilación, separada y distinta, entre los que voluntariamente fuman y están dispuestos a inhalar aire contaminado con humo de tabaco, y los que no fuman y no deben ser expuestos al aire contaminado con humo de tabaco; eso en los espacios públicos de ocio a los que se acude voluntariamente. Y queda un cuarto nivel, señorías, el centro de trabajo, donde como todos ustedes saben no acudimos voluntariamente, sino porque debemos; porque queremos, pero también porque debemos. Ahí, en esta situación distinta, es donde la ley, yo creo que de forma acertada, de forma positiva, de forma coherente con las evidencias empíricas y científicas que tenemos sobre el perjuicio grave que el aire contaminado con humo de tabaco produce a los que lo inhalan pasivamente, señala la imposibilidad de fumar durante las horas de trabajo.
Por tanto, no es una ley que prohíba ninguna conducta; miren ustedes la ley; léansela del derecho y del revés; no encontrarán ninguna conducta prohibida. Encontrarán, eso sí, espacios delimitados; encontrarán, eso sí, separación entre humo contaminado y humo no contaminado; encontrarán -y después me referiré a ello- limitaciones a la publicidad; encontrarán limitaciones a los puntos de venta, pero, ¿inducción o prohibición de cualquier conducta? Ni una, señorías. Por ello, de ley prohibicionista, nada. Eso es lo que dicen las tabaqueras; no digan ustedes lo mismo que dicen las tabaqueras. De ley prohibicionista, nada de nada de nada.
Es una ley que asegura y promueve la salud pública, separando ambientes, y dejando que cada uno haga lo que quiera, por supuesto que sí. Somos uno de los pocos países del mundo -y me enorgullezco de ello- que incluso en las sustancias ilegales adictivas, es decir, en las drogas, no penaliza el consumo. Por tanto, no se opone a la conducta del ciudadano español que decide consumir una droga; ¿cómo iba a prohibir el fumar, como se ha dicho, de forma superficial y repetida? ¿Cómo podría plantearse alguien que ésta era una ley prohibicionista, que ésta era una ley intervencionista, que ésta era una ley que modificaba las conductas de los españoles de forma coercitiva? En absoluto, señorías; en absoluto. En consecuencia, ley que separa ambientes, ley democrática, ley positiva en salud pública, y nada de ley regresiva, nada de ley persecutoria, nada de ley prohibicionista.
La ley también reduce los puntos de venta, y debería -pero no ha podido ser así, y hago una crítica amable, pero crítica, al ministro de Economía y Hacienda- haber incrementado la fiscalidad del tabaco. Se sabe, es una evidencia empírica, que cuando aumenta el precio del tabaco y cuando se limita la publicidad y los espacios donde se puede fumar, por las razones que he dicho antes y que no voy a repetir, baja en picado el consumo del tabaco, en los países donde se ha hecho. Hay evidencias empíricas en Francia, en Irlanda, en Suecia y en otros países.
El segundo pie de la ley es éste que les mencionaba ahora mismo: la reducción de los puntos de venta, y faltaría -como decía- un incremento de la fiscalidad del tabaco. ¿Por qué digo esto? Porque las tabaqueras, viendo la amenaza que representaba esta ley para sus intereses económicos y comerciales, se han dedicado a producir tabaco barato a precio reventado, con lo cual están haciendo dos cosas gravísimas: dumping sanitario y dumping fiscal, porque están vendiendo más cigarrillos en España, ha habido un incremento de un uno por ciento con menos recaudación fiscal, porque han bajado los precios. Nosotros aprovechamos esta ocasión para pedir al Gobierno, para pedir al vicepresidente de Economía y Hacienda, que se plantee de inmediato subir la fiscalidad del tabaco para evitar este dumping fiscal y salutífero que las tabaqueras han producido en nuestro país, inundando el mercado con cajetillas baratas.
En tercer lugar, señor presidente, ésta es una ley que limita de forma drástica -y no me duelen prendas utilizar esta palabra- la publicidad, excepto en algún pequeño forúnculo que nos ha salido en el último minuto de la ley y que no voy a mencionar por discreción. Limita muy fuertemente la publicidad ¿Por qué? Porque la publicidad de los productos del tabaco, señorías, no está dedicada, como dicen las tabaqueras, a ganar mercado o a competir entre marcas. Hoy se sabe, señorías, que en un país desarrollado como es el nuestro, las tabaqueras no compiten por marcas o por espacios de mercado, las tabaqueras compiten para ganarse a los futuros adictos, a los jóvenes y a los niños. Éste es el gasto publicitario, vendiendo una vida fácil, atractiva, desinhibida, eróticamente estimulante, transgresora, ustedes han visto y ven los costosísimos anuncios que las tabaqueras dedican a inducir no a los adultos , porque está demostradísimo -y ellas lo saben- que un adulto no empieza el hábito de fumar ni cambia prácticamente nunca de marca, sino a los jóvenes. Y esto es lo que la ley trata de impedir en la medida de lo posible en un Estado social y democrático de derecho.
Pretende impedir la elección equivocada de personas en vías de formación de un hábito que puede ser tóxico para su salud, pero una vez tomada la decisión -vuelvo a lo que decía antes-, ésta es una ley que no prohíbe conductas, cada uno fumará o no fumará según su libérrima decisión, claro que sí, pero es deber político del Estado, del Gobierno, de nosotros como legisladores, proteger y hacer que esta decisión libérrima de cada uno se tome con el máximo conocimiento de los aspectos negativos, que son casi todos, y positivos que pueda tener el hábito de fumar, y por eso se limita tantísimo la publicidad en esta ley.
Esta es, señoras y señores senadores, una ley que separa ambientes de aire contaminados o no contaminados con humo del tabaco, nada de prohibiciones, nada de intervencionismo en conductas, es una ley que reduce drásticamente los puntos de venta del tabaco y que debería haber conseguido incrementar la fiscalidad de este mismo producto y es una ley que limita drásticamente, porque debe ser así, porque es bueno que sea así, la publicidad de los productos del tabaco para proteger a nuestros niños y jóvenes de que se conviertan o no en adictos. ¿Lo vamos a conseguir al cien por cien? Claro que no, ya lo sabemos, ingenuos no somos, pero hemos de poner todo lo que esté en nuestras manos para que esto sea así.
Por estas razones, nosotros, como Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, presentamos pocas enmiendas a la ley, porque estamos muy de acuerdo con ella, algunas están ya incorporadas, hemos transaccionado otras muchas y sólo quedan vivas dos. En el turno de portavoces me referiré a ellas.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine, por favor.

El señor ESPASA I OLIVER: Termino, señor presidente.
Sobre una de ellas ofreceré in extremis una última transaccional a los grupos del centro y de la derecha, por si quieren sumarse. Hemos transaccionado -como ustedes verán- muchas acciones, muchas enmiendas en esta ley, esperamos que hasta el final, hasta el momento de la votación, podamos transaccionar alguna más.
Nada más y muchas gracias, señoras y señores senadores.

Libertad de conciencia versus libertad religiosa

- DE DON RAMÓN ESPASA I OLIVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE HA LLEGADO EL MOMENTO DE DESARROLLAR LEGALMENTE TODAS LAS LIBERTADES PÚBLICAS RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (680/000680)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Espasa i Oliver.
Tiene la palabra su señoría.

El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Justicia, podemos decir que la historia de estos 25 últimos años ha sido la historia de un éxito, sobre todo en el ejercicio, disfrute y ampliación de las libertades.
En este sentido, nuestra España, la España del siglo XXI, está muy distante de aquella que aprobó la Constitución; es más secular, se ha secularizado, es más diversa en concepciones ideológicas, y tiene una práctica de confesiones religiosas mucho más diversa y sustentada, sobre todo, por el flujo de las migraciones. Desde este punto de vista, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, elaborada en 1980, por tanto, se han celebrado sus 25 años, queda un poco estrecha para lo que es hoy la diversidad ideológica, religiosa, y de secularización o de sociedad laica que hoy es la España del siglo XXI. ¿No cree, el señor ministro, que ha llegado el momento de plantearse, bien la ampliación, bien la superación de esta ley por la elaboración en el futuro de una ley orgánica de la libertad de conciencia que enmarque, obviamente, la libertad religiosa?
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor senador, por su pregunta. Efectivamente, la libertad religiosa aparece consagrada por la Constitución como un derecho fundamental muy precioso, sólo hay que subrayar que aparece inmediatamente después del propio derecho la vida. El artículo 15 consagra el derecho a la vida y el 16 la libertad religiosa junto a la libertad ideológica, de conciencia y de culto de los individuos y de las comunidades, consagrando, por cierto, un derecho de titularidad y ejercicio colectivo. Un derecho que fue desarrollado tempranamente, y no por casualidad, en 1980, una de las primerísimas leyes orgánicas que adopta la democracia constitucional y que, efectivamente, ha cumplido 25 años. Con ese motivo el Ministerio de Justicia patrocinó el verano pasado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un seminario de reflexión, precisamente para evaluar los 25 años de rendimiento de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, del que participaron todas las confesiones que tienen contraídos acuerdos con el Estado.
Subrayó que la libertad religiosa está consagrada como derecho fundamental en el párrafo primero, pero eso no es todo en el artículo 16, hay un segundo párrafo que es muy importante, que señala, primero, que ninguna confesión tendrá carácter estatal, lo que rompe toda una tradición histórica de manera muy afortunada y, además, señala que nadie podrá ser obligado a confesar ni directa, ni indirectamente habría que añadir, sus creencias, su ideología, ni, por tanto, su religión. En el párrafo tercero se mandata al Estado a cooperar con la Iglesia católica y las demás confesiones. Todos estos elementos, sin duda ninguna, deben ser leídos conforme el tiempo que nos toca porque la sociedad española ha ido profundizando en sus libertades y de manera inexorable se ha ido haciendo más pluralista desde el punto de vista religioso. Todo ello conforma un marco de actuación en el que el Gobierno está intentando avanzar, como creo que prueba en esta legislatura el intento de este Gobierno de cumplir acuerdos no solamente con la Santa Sede, sino con otras confesiones, que permanecían en varios de sus puntos inéditos, habiendo instrumentado para ese objetivo una fundación, Pluralismo y convivencia, que no tiene como función promover ninguna religión, porque no puede ser ese el sentido de la actuación de ningún poder público en un orden aconfesional, pero sí el de dar reconocimiento a la actividad de carácter social y cultural y a su integración proveniente del ejercicio de la libertad religiosa de las confesiones minoritarias.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.

El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho y con el desglose que ha hecho del artículo 16 de la Constitución Española, pero yo quiero ir un punto más allá. Seguramente sus compromisos de Gobierno no se lo permiten, pero quisiera manifestar a la Cámara, y estoy seguro de que contaré con su aquiescencia y con su cuerdo, que el artículo 16 jerarquiza los valores constitucionales. Y el orden jerárquico en el que están descritos es el siguiente: primero, libertad ideológica, segundo, libertad religiosa, tercero, libertad de culto, cuarto, principio de cooperación. Los que usted ha enunciado, pero poniendo por delante la libertad ideológica, que ampara a la libertad de conciencia que, a la vez, es garantía de una creencia libre en cualquier religión, y profesar cualquier religión o no profesar ninguna. En cambio, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa deja en el limbo a las personas, que cada vez son más en nuestro país, que creen en el hombre y en la naturaleza, y esta es una creencia tan digna como creer en una religión. Por eso la Constitución dice: primero, libertad ideológica, garantiza la libertad de conciencia, y enmarcando estas dos grandes libertades laicas y constitucionales, se ampara la libertad religiosa. No estoy contra ninguna religión, por supuesto, que no, estoy por la cooperación, por supuesto, que sí, pero deberíamos avanzar. Y le invito a usted y a su Gobierno a que actualicemos la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, para que los que creen en el hombre y en la naturaleza tengan el mismo estatus y el mismo amparo de derecho orgánico por una ley orgánica de libertad de conciencia y de libertad de creencia que los creen en cualquiera de las religiones que se profesan hoy en nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor ESPASA I OLIVER: Acabo, señor presidente.
Por lo tanto, una ley orgánica de libertad de conciencia sería la mejor contribución de este Gobierno progresista a la actualización de la vieja Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias.
El Gobierno está cumpliendo su programa y por ello precisamente ha promovido una fundación que tiene como objetivo el tender puentes de colaboración con confesiones que venían alegando discriminación negativa o ignorancia por parte de los poderes públicos durante demasiado tiempo.
Creemos que con ello prestamos un servicio al reconocimiento del creciente pluralismo religioso de una sociedad libre y abierta. Al mismo tiempo, porque formaba también parte de nuestro programa, punto por punto, está cumpliendo...

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, le ruego que termine.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Está cumpliendo los acuerdos contraídos con la Iglesia Católica.
Esto no quiere decir que no esté abierto a reflexiones hacia el futuro. De lo que está completamente seguro es de que está vinculado por la Ley. Y, por lo tanto, punto por punto, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los acuerdos de cooperación con las distintas confesiones están siendo respetados. Y, desde luego, en todo momento estamos inspirados por la remoción de toda discriminación, no solamente por razón de creencia o de religión, de modo que se garantice el derecho a creer, a expresarlo públicamente, a participar de la sociedad desde las propias creencias y, por supuesto, en todos los ámbitos y en todas las esferas, también en la educativa, el derecho a no creer y el derecho a no profesar ninguna religión.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Monday, September 19, 2005

Sanidad, divino tesoro

¿Existe un cifra màgica para eliminar el crónico déficit sanitario? Por supuesto que no, el gasto sanitario es expansivo y capaz de agotar cualquier presupuesto.¿El discurso de la excesiva factura sanitaria es la única receta? Tampoco. El reciente acuerdo sobre financiación del déficit sanitario es un ejemplo de la complejidad del problema. Se ha tratado de un acuerdo razonable, pero como han dicho amigos y adversarios, serán necesarias ulteriores ampliaciones y modificaciones. Sin valorar las cifras a fondo, ya resulta sorprendente que la más abultada corresponda al mero redondeo y adelanto de las cantidades a cuenta. En cuanto al impuesto sobre tabaco y alcohol siendo acertado, hubiera sido mejor si todo el rendimiento del impuesto y de su incremento se hubieran afectado íntegramente al gasto sanitario. En fin, aunque corto, un buen paso. Para evaluar las necesidades de nuestro gasto sanitario, lo mejor es situar como objetivo, alcanzar los niveles de gasto sanitario público por persona de la media de los países de la U.E./15. que son nuestro entorno social, económico y político de referencia.
No tanto por fetichismo europeísta, sino por voluntad de compartir los grados de cohesión y bienestar de que disfrutan sus ciudadanos. Huyamos pues de cifras cerradas y de plazos perentorios, pero proclamemos claramente nuestro objetivo progresista.
Que las necesidades son muchas y la demanda siempre creciente y universal lo prueba la conversión “keynesiana” de los Presidentes autonómicos del P.P. Era de ver, en el reciente cónclave de Presidentes autonómicos, el furor socialdemócrata con el que pedían más y más recursos públicos para sus territorios, obviando discursos y prácticas del Gobierno Aznar, consistentes en la congelación del gasto público sanitario en proporción al PIB. Como se ha repetido hasta la saciedad, se trata de una demanda transversal que interpela tanto a la derecha como a la izquierda. Otra cosa es la respuesta, siempre más decantada hacia la equidad, que acostumbra a dar la izquierda. Incluso el huracán Katrina, destapando las vergüenzas del subdesarrollo social de USA., han obligado a la Administración Bush a proclamar su nueva fe en la inversión i el gasto socio-sanitario, pretendiendo ocultar que lo sucedido no es más que el resultado de las “reganomics”,las recetas de los Chicago-boys,y el fervor “neocon” de las administraciones republicanas. Por eso mismo, a Schröder el ejemplo le ha venido como anillo al dedo.
De hecho, hablar con franqueza y honestidad del gasto sanitario no lleva tanto a discutir del montante final del mismo, sino de la equidad de su reparto y a la transparencia de su eficacia. Por ello los modelos de gestión mediante su financiación y provisión ( pública y pública; pública y mixta; pública y privada; privada y privada) no son un limbo en el que se enzarzan en interminables discusiones micro y macroeconómicas, los economistas y expertos en salud. De hecho, estas discusiones traducen dos aproximaciones tipo al problema. En primer lugar, una concepción individualista, casi calvinista o predestinacionista, por entender que la salud es uno más de los problemas que el individuo debe afrontar y solucionar en sociedad. De ahí los copagos, las primas, los costes de oportunidad, el ahorro selectivo como medios de responsabilizar al individuo y de contener el gasto, tan ensalzados por este sector de la doctrina sanitaria. En segundo lugar, una concepción mas colectiva y/o compasiva al entender que nadie escoge su salud y que esta es, incluso desde la vertiente científica, un problema social o cuando menos aleatorio e independiente de la voluntad del sujeto. Esta aproximación lleva a proclamar el derecho a la salud como un derecho social (y en nuestro caso constitucional)De ahí que dado un determinado montante de gasto, la primera preocupación de una buena administración sanitaria deba ser la equidad en la asignación individual de este gasto.
En este sentido, cabe añadir dos poderosos razonamientos estrictamente económicos a favor de un mayor y más equitativo gasto sanitario público. Por un lado la composición del gasto sanitario, básicamente salarios del personal, consumo de material electromédico, informático, múltiples fungibles e incluso la alta factura en farmacia, no deben considerarse como meramente onerosos, como tragados por un maléfico agujero negro. Antes al contrario, son aceite de primerísima calidad para engrasar el motor de la economía, aportando renta disponible para el consumo, demanda agregada de bienes de alta, media y baja tecnología, que no pueden más que redundar en una sana lubricación del mercado. Por otro lado, la seguridad que proporciona la atención gratuita en el momento de la enfermedad, genera un incremento de la renta disponible que familias e individuos van a destinar a otros consumos. Esta es otra potente palanca que los más ortodoxos defensores de la economía de mercado y del consumo, no pueden ignorar, sino es desde la mala fe. No sólo pues desde el punto de vista de la equidad y la solidaridad, sino también por voluntad y necesidad de incrementar nuestra cohesión social, resulta necesario postular el modelo de asistencia sanitaria más público y equitativo posible. Aunque hay un precio a pagar por nuestra elección, este no debe verse como un lastre para la economía sino como una buena inversión no solo en bienestar social sino también en dinamización económica. El discurso del abuso y despilfarro siempre ha sido el de los divinos que efectivamente pueden y saben despilfarrar. El tesoro pues, mejor que sea de todos.

R.E. 19/09/05 EL PERIÓDICO

Friday, April 01, 2005

Morir con dignidad

La dignidad en el morir solo puede apreciarla el mismo protagonista .Leyes como la del testamento vital y otras posibles en un futuro (suicidio asistido, eutanasia voluntaria) han de asegurar exquisitamente que siempre prevalecerá la voluntad libre de quien decida acogerse a ellas. Hoy gracias a nuestra ley de testamento vital ya se puede evitar el encarnizamiento terapéutico y afrontar sin angustia el tan intimo y personal proceso de morirse. Poner al alcance de todos estos instrumentos legales es hacernos a todos un poco mas libres un poco más dignos.


R.E. EL PERIÓDICO 01/04/05